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Cambio de la Ley de Contratos del Sector Público

El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una normativa con un efecto “social e integrador” en favor de los colectivos como las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UN RETO SOCIAL 

El objetivo fundamental de esta Ley es implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Por ello, se introduce como finalidad el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como camino para lograr una contratación pública transparente, igualitaria y una mejor y mas justa relación calidad precio.

En este artículo explicamos cómo para lograr la inclusión social y la igualdad, la nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye supuestos de exclusión para las empresas que incumplan estos compromisos.

Condiciones de la ley para lograr la igualdad

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público combina medidas disciplinarias con incentivos a la contratación, con el objetivo de conseguir la plena inclusión de las personas con diversidad funcional. Aunque ya existían leyes de integración social, en este caso se detallan los supuestos de exclusión para aquellas empresas que incumplan con lo establecido en la normativa, según lo que indica el artículo 71.

Los dos principales supuestos en los que se prohibirá la contratación con la Administración de una empresa infractora son no contar con un mínimo de personas con discapacidad en plantilla o no tener plan de igualdad. Es importante que indiquemos que estas medidas afectan por igual a quien desee trabajar con administraciones estatales, autonómicas o locales, siendo de obligado cumplimiento para todas.

  1. Incumplir el mínimo de personas con discapacidad
    Aquellas empresas de más de 50 trabajadores que incumplan con la obligación de contar, como mínimo, con un 2 % de sus empleados con algún tipo de diversidad funcional, no podrán contratar con la Administración. Cuando las compañías se presenten a un concurso, van a tener que cubrir una declaración de cumplimiento explícito de esa condición que se añadirá a la oferta que realicen.También se incluyen casos como la posibilidad de incorporar de manera transversal y perceptiva cláusulas sociales, así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades  a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.Este cambio cualitativo es muy importante porque, si bien la legislación ya establecía una obligatoriedad, lo cierto es que, hasta la fecha, el grado de cumplimiento de este precepto ha sido  desigual. Solo en algunas grandes empresas se ha realizado una integración efectiva de puestos de trabajo, entre otras cosas porque no han existido suficientes mecanismos coercitivos.
  1. Obligación de la inclusión de un plan de igualdad
    Para poder contratar con las administraciones, es obligatorio que las empresas de más de 250 trabajadores tengan un plan de igualdad en el que expliquen con detalle cómo van a implementar estas situaciones. No hacerlo supondrá un incumplimiento flagrante de las condiciones de contratación y, en consecuencia, la prohibición de trabajar con la Administración.Es importante indicar que, con esta ley, se legisla definitivamente acerca de la obligatoriedad de presentar planes de igualdad, puesto que, hasta el momento, existía una cierta ambigüedad.

La legislación sobre contratación que ha entrado en vigor, busca luchar contra las barreras a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad y otros colectivos parar lograr la plena igualdad. Aunque, en realidad, lo que hace la ley es desarrollar preceptos que ya se habían aprobado, la posibilidad de no poder contratar con las administraciones es lo suficientemente importante como para tener en cuenta las novedades.

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